jueves, 26 de agosto de 2010

cuidados de una embarazada adolescente


Una cuestión de derechos

Concebir a los adolescentes como sujetos de derechos implica respetar y garantizar también sus derechos sexuales y reproductivos. Esto significa asegurarles el acceso a la educación sexual, a la información adecuada para evitar embarazos no planificados e infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH/SIDA y a los servicios de salud, que deben garantizar un clima de confianza, privacidad y confidencialidad.

La propia Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (sancionada en Argentina en 1990 e incorporada a la Constitución Nacional en la reforma de 1994) legitima el derecho de los niños, niñas y adolescentes a decidir, opinar y participar en todos los asuntos que los involucran.

Eugenia Trumper, coordinadora del Programa de Salud Reproductiva y Procreación Responsable del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires considera fundamental la educación sexual. Pero para provocar cambios significativos en la conducta y prevenir embarazos no planificados, advierte, "es necesario trabajar con las adolescentes sobre cuáles son sus proyectos de vida, sobre su autoestima, sobre el sentido de la responsabilidad, sobre el cuidado de la salud y sobre el fortalecimiento personal para tomar decisiones".

Todos los adolescentes necesitan libertad para preguntar, aclarar dudas y expresarse sobre su sexualidad. Varias experiencias en el nivel provincial se esfuerzan por garantizar esos espacios de expresión, de especial importancia en distritos como Chaco, de los más pobres y con el índice de embarazos en mujeres menores de 20 años más alto del país. Sonia Ibrahim, docente chaqueña, sostiene que la pobreza "determina o al menos condiciona las cifras de embarazos adolescentes en la provincia".

Lo más importante, afirman en un equipo de trabajo en Córdoba, es “el diálogo, el vínculo afectivo, el intercambio, poder aprender de los niños, niñas y adolescentes y entender que la sexualidad es algo que nos vincula y nos atraviesa desde que nacemos”. (VER RECUADRO)

El Estado, sin embargo, es el que debe asegurar que niños y adolescentes sean beneficiarios, sin excepción ni discriminación alguna, del más alto nivel de salud y de las políticas de prevención y atención en salud sexual y reproductiva, según la Ley 25.673 que creó el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable.

Pero la crisis socioeconómica obliga a pensar cuál es el camino adecuado para implementar políticas de prevención de los embarazos no planificados y de las infecciones de transmisión sexual entre niños y adolescentes en situación de pobreza y exclusión.

Correa, de FEIM, sugiere una estrategia dual, que en primer término desarrolle “políticas universales a largo plazo que les garanticen sus derechos sexuales a todos los adolescentes”, sin importar su clase social.

Pero, simultáneamente, imponerse “metas a más corto plazo que puedan atender en forma prioritaria a los adolescentes de bajos recursos, que articulen la educación sexual con la provisión gratuita de anticonceptivos”.

Algunas cosas están comenzando a hacerse, dicen los especialistas, pero hay una coincidencia general: para que las soluciones sean más efectivas es importante que el Estado articule su intervención con el trabajo de organizaciones de la sociedad civil. Y a su vez, que las organizaciones puedan monitorear los programas del Estado.

(1) Estadísticas Vitales, Información Básica 2002, Dirección de Estadísticas e Información de salud, 2003.
(2) Encuesta Permanente de Hogares (INDEC), onda mayo 2003.
(3) Informe Día Internacional de la Mujer, año 2003. Sistema de Información, Monitoreo y Evolución de Programas Sociales (SIEMPRO), Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
(4) "La adolescencia en Argentina: sexualidad y pobreza", FEIM, 2003.

* NOTA: El material aquí presentado no refleja necesariamente el punto de vista de UNICEF y Fundación sotrali .

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